Los sectores cerrados en las carreteras no tienen otra alternativa de circulación para los vehículos motorizados.
La ruta habilitada al occidente del país, en días recientes. EJÉRCITO
La vía que conecta a Cochabamba con Oruro y La Paz está expedita. Sin embargo, los viajes desde el departamento hacia Santa Cruz y el sur del país están suspendidos.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reporta siete puntos de bloqueo en carreteras de Cochabamba.
De acuerdo con el Reporte de Transitabilidad de la ABC hay siete puntos “no transitables por conflictos sociales”.
Hacia el oriente del país, se trata de zonas como Tutimayo (vía Sacaba – Colomi) y Cruce Tiraque (vía a Colomi); y en la región del Trópico por el puente San Pedrito en Villa Tunari y en el puente Lágrimas en la zona de Ivirgarzama (Puerto Villarroel).
Hacia el sur del departamento, que incluye la ruta que conduce a Sucre y Tarija, además de la vía antigua a Santa Cruz, hay puntos cerrados en el Cruce Vacas en Arani, en el Cruce Tiraque en el sector de Villa San Isidro y en el Cruce Pocona por el retén Epizana.
Son vías cerradas en las cuales no existe otra alternativa de circulación.Entretanto, este viernes, la jefatura de Tránsito de la Terminal de Buses Cochabamba y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informaron sobre la habilitación de salidas hacia Oruro y La Paz.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el bloqueo de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ocasionó el rezago en desembolsos, por lo que le sugirió al ente legislador aprobar los préstamos de “rápida aplicabilidad”.
“Si en ese momento la Asamblea se hubiera dirigido a aprobar estos créditos hoy tendrían otra efectividad, tendrían otro tipo de impacto en la economía y hoy tienen ese problema; entonces, deberíamos apuntar a este otro tipo de créditos y pensar en otros créditos que tengan la rápida aplicabilidad”, explicó la autoridad en contacto con la radio Fides.
Montenegro recordó que en reiteradas ocasiones se advirtió que, si el tratamiento y la aprobación de los créditos externos demoraba en la Asamblea Legislativa, éstos tienen un rezago en su desembolso.
“Cuando nosotros solicitamos (…) el año pasado el desembolso de varios créditos por más de 1.600 millones de dólares, esa vez, hablamos de la importancia de hacerlo en ese momento, ya ahora tiene un rezago su desembolso”, dijo.
Explicó que, si se aprobaran los créditos externos, por ejemplo, para obras o proyectos, la licitación pública tarda de 3 a 4 meses; colocar las garantías y poner las empresas fiscalizadora y supervisora toma un mes; y la ejecución de las planillas demora entre 2 a 3 meses.
“Entonces, en total se hace como 7 a 8 meses al desembolso de estos proyectos, por eso el año pasado, nosotros solicitábamos que se hagan estas aprobaciones para estos desembolsos”, precisó.
Remarcó que, de alguna manera, ello fue advertido y “queda claro que se necesita otro tipo de créditos a ser aprobados para que definitivamente tengan la efectividad que se está buscando en este momento”.
“Estos créditos si se aprobarían, no digo que no van ayudar a la economía nacional, pero tienen un rezago en su desembolso (…). Ya la Asamblea tiene que ponerse de acuerdo, porque el haber aprisionado, haber quitado oxígeno en su momento, ahora se da cuenta que es necesario desembolsar esos créditos, pero no los de estos proyectos de construcción, porque tienen su tiempo la aplicación”, enfatizó.
Sugirió que créditos como del JICA o del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son de inmediata aplicación y uso y también pueden ayudar a necesidades que actualmente el país demanda.
“La Asamblea debería tal vez buscar aprobar un crédito específico para la importación de diésel o gasolina, o de aplicación inmediata, para que el Gobierno nacional tenga los recursos para la importación de estos energéticos”, dijo.
El ministro hizo esas declaraciones tras que los candidatos de derecha Manfred Reyes Villa, Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina dieran la razón al Gobierno al exhortar a la Asamblea Legislativa a agilizar la aprobación de créditos para garantizar la importación de bienes, como se lo venía solicitando desde hace más de dos años y medio, afirmó el presidente Luis Arce.
Junio de 2025. En un evento sin precedentes para el sector de la construcción, la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) llevó a cabo la Primera Jornada de Ingeniería desarrollada del Centro de Innovación y Asesoría Técnica – CIATEC, un espacio técnico-científico que reunió a destacados expertos y profesionales del sector de la construcción, con el objetivo de compartir avances en investigación, innovación, sostenibilidad y tecnología aplicada al rubro.
Durante el evento, se presentaron investigaciones clave desarrolladas por el equipo de CIATEC y por reconocidas instituciones académicas y técnicas de alto prestigio, como la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), así como el Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón (IBCH).
Uno de los momentos más esperados fue la conferencia magistral del PhD Ing. Roberto Torrent, reconocido consultor internacional, quien abordó los desafíos y oportunidades en torno a la permeabilidad y durabilidad del hormigón, aspectos fundamentales para avanzar hacia infraestructuras más resilientes y sostenibles en Bolivia y la región.
Fernando Herrera, jefe del CIATEC (a.i.), expuso sobre cementos innovadores y con alto compromiso medio ambiental, como son el cemento Viacha Eco Premium Plus y el Warnes Ultra Repelente al Agua. Viacha Eco Premium Plus ofrece hasta un 22% menos huella de carbono en comparación con productos similares del mercado, y el cemento Warnes Ultra Repelente al Agua, que está diseñado para extender la vida útil y la durabilidad de estructuras en zonas de alta humedad, reforzando el enfoque sostenible de la compañía.
Además, Albert Paniagua, jefe Nacional de Medio Ambiente de SOBOCE, presentó los avances en co-procesamiento de residuos sólidos como fuente alternativa de energía para los hornos cementeros, una innovación que no solo reduce las emisiones, sino que también aporta a la gestión sostenible de residuos urbanos.
“Creemos firmemente que el futuro del sector se construye con ciencia, tecnología y un compromiso ético con el entorno y las comunidades. Esta jornada no es solo un encuentro técnico, es una invitación a construir juntos una nueva visión de ingeniería y desarrollo en Bolivia”, afirmó Francisco Shwortshik, CEO de SOBOCE, durante la apertura del evento.
La jornada también incluyó exposiciones de investigaciones desarrolladas sobre hormigones sostenibles para un desempeño técnico superior y la transferencia tecnológica a través de la investigación y el acompañamiento técnico de CIATEC. Los estudios técnicos realizados por docentes investigadores de la UMSA se desarrollaron en temáticas de durabilidad del hormigón y un observatorio especializado, para monitorear, analizar y fomentar la competitividad del sector construcción en Bolivia. Dentro de las exposiciones por parte del IBCH, se mostraron soluciones innovadoras en pavimentos de rápita ejecución y bajo costo para la mejora de la infraestructura vial en nuestro país.
El evento, donde participaron importantes empresas constructoras, universidades de prestigio nacional, instituciones públicas, empresas proveedoras de materiales de construcción, fundaciones, ONGs vinculadas al sector, así como profesionales del rubro de la ingeniería y la construcción, se consolidó como un espacio clave para fortalecer el diálogo técnico, la colaboración interinstitucional y la construcción de una industria de la construcción más sostenible, eficiente y preparada para los desafíos del futuro.
Con esta Primera Jornada de Ingeniería, el CIATEC se posiciona como el principal referente nacional en generar soluciones sostenibles e innovadoras para la construcción reforzando el compromiso de SOBOCE con el desarrollo del país.
La Cámara de Constructores agradeció la emisión del decreto tomando en cuenta los problemas que enfrenta el sector, como la escasez de divisas, combustible, además de los incrementos de precios. Señaló que el ajuste de precios es un alivio.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó acerca de las medidas de Apoyo a la inversión pública y del sector privado tras haberse reunido con la Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO). APG.
En un contexto donde existe elevación de precios y problemas por la falta de divisas, el Gobierno ha decidido autorizar que las entidad públicas modifiquen los contratos para la construcción de obras en ejecución, ajustando los precios de materiales de construcción, maquinaria y equipos importados.
La medida se adoptó mediante el Decreto Supremo 5321, que de manera excepcional permite ajustar los precios de los materiales y equipos de obras en ejecución, a través de un contrato modificatorio hasta el 30 de mayo de 2025.
El Decreto permite también que las entidades públicas puedan solicitar recursos adicionales al Tesoro General del Estado, en caso de que no tengan suficiente para el ajuste de precios.
Asimismo, se habilita otorgar uno o más anticipos adicionales por el contrato cuya suma no debe exceder el costo total correspondiente a los materiales de construcción, maquinaria y equipos, importados pendientes de adquisición.
En cuanto al combustible, el Decreto habilita hasta el 30 de mayo que se ajusten los precios del diésel y gasolina que sean importados de manera directa o comprada en el mercado privado.
El presidente Luis Arce justificó que se toma esta decisión para “asegurar la calidad y continuidad de los proyectos de inversión pública con el sector privado en la presente gestión “, según publicó en X.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que los materiales de construcción, maquinaria y equipos importados son componentes ineludibles de las obras de inversión y, además, reconoció que existen costes elevados por factores en el extranjero y el tema de las divisas.
La línea unirá dos puntos, partirá desde la Avenida Germán Buch en El Alto, pasando por la Portada y culminando en la Estación Central.
Línea morada del Teleférico en La Paz, en una foto de archivo./ ABI
El presidente Luis Arce, en la conmemoración de los 40 años de El Alto, dio a conocer que construirán una nueva línea de Mi Teleférico para este municipio que llevará el nombre de ‘Línea Carmesí’.
Arce detalló que esta obra contará con una extensión de 3.2 kilómetros y tendrá una inversión de cerca de 92 millones de dólares. Se financiará mediante una gestión de crédito externo, el cual debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“Anunciamos que tomamos la decisión de construir una nueva línea de teleférico, la línea carmesí que cerrará el circuito de la línea naranja permitiendo una conexión estratégica entre el barrio de Miraflores de la ciudad de La Paz y el Alto, facilitando el desplazamiento de miles de ciudadanos y contribuyendo a la descongestión de las zonas con mayor tráfico vehicular y actividad comercial”, dijo Arce.
“Gracias a esta infraestructura, el tiempo total de recorrido será de aproximadamente 11 minutos, garantizando rapidez y comodidad a más de 4.000 pasajeros por hora”, afirmó.
Asimismo, destacó que la línea Carmesí contará con una característica particular: la implementación de paneles solares, lo que permitirá un ahorro de un 30% de energía, representando más de medio millón de bolivianos al año en ahorro.
“Este proyecto reafirma nuestro compromiso con un transporte sostenible, seguro y eficiente, que protege el medio ambiente y mejora la calidad de vida de nuestra población”, añadió.
La Administradora Bolivia de Carreteras (ABC) publicó, este 29 de mayo, la segunda convocatoria de licitación para la construcción de la carretera Uyuni – Hito LX, tramos I, II y III, por un monto de inversión superior a Bs 1.351 millones, recursos financiados por el Gobierno Nacional a través de un crédito de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Este proyecto está ubicado en el departamento de Potosí y contempla tres frentes de trabajo, para tres tramos, partiendo de la rotonda de Uyuni y finalizando en la progresiva 120+000 próximo a la población de Julaca, atravesando las comunidades de Ramadita, Río Grande, los accesos hacia Vinto ‘K’ y San Cristóbal.
La obra tiene una longitud de 120 kilómetros y consta de 2 carriles con un ancho de calzada de 3,65 metros cada uno y bermas de 2,5 metros de ancho, con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito vehicular y reducir costos de transporte y mantenimiento.
Se trata de una carretera con pavimento rígido de 23 cm de espesor y una capa sub base de 15 cm e incluye la construcción de 5 puentes, 2 circunvalaciones y pasos a desnivel en las vías del ferrocarril.
En cuanto al sistema de drenaje, el proyecto contempla 374 alcantarillas tipo cajón de hormigón armado y el emplazamiento de 13 pasos de fauna para preservar la vida silvestre y doméstica de la zona.
El plazo establecido para la realización de todos estos trabajos es de 900 días calendario, a partir de la emisión de la orden de proceder.
La carretera Uyuni – Hito LX, tramos I, II y III, forma parte del Corredor Central – Sur que integra el sur de Bolivia con Chile (al este) y Paraguay (al oeste). Por lo tanto, su construcción potenciará el sector del turismo puesto que se tiene el circuito de Laguna Verde, Laguna Colorada, además de impulsar la política de industrialización que lidera el Gobierno Nacional del Presiente Luis Arce Catacora.
De acuerdo al cronograma de licitación, el proceso se extenderá hasta el 8 de julio de 2025, fecha límite para que las empresas interesadas presenten sus propuestas electrónicas a través del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).
El ministro Montenegro explicó que el propósito es dar la flexibilidad necesaria, el margen para que se pueda ajustar de forma perfectible los contratos del Estado con las empresas constructoras de Bolivia, y que también las empresas constructoras tengan una holgura para seguir trabajando con el Estado.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, anunció este miércoles la aprobación de una norma que amplía hasta el 31 de octubre el Decreto Supremo (DS) 5321, de ajuste a los precios unitarios de materiales de construcción, maquinaria y equipos importados, en los contratos de obra en ejecución firmados por entidades públicas.
“Muchos de estos contratos no han podido ser ajustados, porque los procesos de confirmación de los nuevos precios, la negociación, los cambios presupuestarios, no han permitido usar todo el tiempo y este decreto ya fenece este fin de mes; por lo tanto, lo estamos ampliando. El plazo es al 31 de octubre de 2025”, anunció en conferencia de prensa.
El DS 5321 fue aprobado el 23 de enero pasado con el objetivo de asegurar la calidad y continuidad de los proyectos de inversión pública con el sector privado en la presente gestión.
El ministro Montenegro explicó que el propósito es dar la flexibilidad necesaria, el margen para que se pueda ajustar de forma perfectible los contratos del Estado con las empresas constructoras del país, y que también las empresas constructoras tengan una holgura para seguir trabajando con el Estado.
“Si dejan la obra inconclusa, porque no se han ajustado los precios unitarios de la construcción, al final se están generando un problema legal, judicial a futuro. Es mejor aprovechar, en el marco de este decreto, zanjar estos conflictos y llevarlo a la agenda de coordinación”, observó Montenegro.
Además, indicó que, adicionalmente, en el nuevo Decreto Supremo se incluyen los contratos llave en mano para que también se puedan hacer ajustes en la ejecución de la obra y en el equipamiento, que no estaba estipulado en el anterior decreto.
“Estamos estableciendo, también el mismo plazo del 31 de octubre de 2025, para que se pueda tomar la decisión de materiales de construcción, maquinaria y equipos”, dijo la autoridad.
En tanto, el presidente de la Cámara de la Construcción de La Paz, Jaime Llano, destacó la predisposición del Ejecutivo y la Cámara Boliviana de la Construcción para alcanzar acuerdos que viabilizan la conclusión de las obras que actualmente se encuentran en ejecución.
“Pedimos a los gobiernos municipales, a las gobernaciones y a todas las instituciones que puedan cumplir este Decreto Supremo y así podamos concluir las obras, porque sabemos que estamos en una situación bastante complicada y necesitamos del apoyo de estas instituciones para dar conclusión a nuestros trabajos”, dijo.
El sector de la construcción en Bolivia enfrenta un 2025 complejo, marcado por costos en alza, obras detenidas y un crecimiento mínimo, la industria advierte sobre la urgencia de medidas para evitar un mayor estancamiento.
Cadecocruz prevé una expectativa de crecimiento que oscila entre 0,5% y 1,5%. (Foto referencial)
La construcción en Bolivia enfrenta un panorama complejo en 2025. Un análisis de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) en base al Centro de Estudios Económicos y Desarrollo (CEED), afirma que el efecto de la pérdida de valor del boliviano afecta a todos los productos importados, llegando a incrementarse hasta en 70% los costos en los últimos meses.
“Desde el inicio de la crisis cambiaria, en enero de 2023, las importaciones para la construcción disminuyeron en más del 40% y en el 2024 en 34,13%, debido a los altos costos” indicó el estudio.
Javier Arze, gerente general de Cadecocruz, explicó que el incremento de los materiales e insumos importados que participan en toda la cadena productiva de la construcción es significativo. Advirtió que la pérdida de valor del boliviano, que se refleja en la inflación y la devaluación respecto al dólar, ha llegado a subir los costos de importación en más del 60%, en promedio, los últimos dos años.
“Este efecto ha generado que, en promedio, los costos de materiales e insumos aumenten en cerca del 35%”, indicó Arze; destacando que el incremento ha provocado que la demanda constructiva se estanque y que los precios de venta no suban significativamente o en la misma proporción, sino que las empresas han tenido que disminuir sus márgenes, poniendo en riesgo su existencia.
“En general, los últimos cinco años, la inflación promedio en el sector de la construcción al 19,97%, puesto que existen algunos productos que se elaboran en el país, que también han empezado a sufrir de los efectos de la inflación”, señala el informe. El precio de la cal, por ejemplo, aumentó un 41,30% entre el año 2020 a la fecha, y el vidrio para ventana en 23,77% en el mismo periodo.
El estudio de Cadecocruz prevé una expectativa de crecimiento que oscila entre 0,5% y 1,5%, “un indicador muy bajo, que ante cualquier cambio en la situación política y económica podría traducirse en un decrecimiento”, indicó Arze.
Dólares e impacto en la importación de materiales
El estudio del CEED advierte que la pérdida del valor del boliviano respecto al dólar tuvo dos efectos principales:
El incremento directo de los materiales e insumos importados. A la fecha, la devaluación llega al 60%, y los costos de importación han subido en cerca del 70%.
El otro efecto resultado del incremento del dólar en el mercado paralelo, es una disminución de la demanda. De hecho, las importaciones han bajado por el fuerte incremento de costos que han sufrido.
Obras públicas
El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas del año 2024, de acuerdo al estudio, fue menos 10% en relación a 2023 y casi 50% menos que en 2022. La reducción de la inversión de esta cartera en obras de infraestructura contribuye a ralentizar el crecimiento del sector.
“A esta situación se debe agregar la baja ejecución de la inversión pública en general, que en los últimos años no supera el promedio del 50%”, destacó Cadecocruz, añadiendo que todos los niveles del Estado están inmersos en la crisis del país, es decir Gobierno Central, municipios y Gobernaciones, cuya capacidad de inversión ha sido afectada por la drástica disminución de ingresos y la pérdida de valor de la moneda nacional.
2024 cerró con un PIB al 1,3%
El sector constructor boliviano enfrentó un 2024 marcado por una crisis profunda. Factores como deudas millonarias de entidades públicas, escasez de diésel y dólares, y una inversión pública estancada han llevado a la industria a declarar un estado de emergencia, proyectando un crecimiento del PIB sectorial de apenas 1,3% al cierre del año, el más bajo en 15 años
El CEED reporta una ralentización evidente: el consumo de cemento creció solo un 2,76% en 2024 frente al 3,61% de 2023, mientras los permisos de construcción cayeron un 33% respecto al año anterior, un retroceso similar al de la pandemia en 2020.
“El PIB del primer semestre bordeó el 3%, pero la tendencia es a la baja”, señala Cadecocruz, atribuyendo este estancamiento a una ejecución presupuestaria pública que no supera el 50% y a una priorización del gasto corriente sobre infraestructura. El registro de nuevas empresas constructoras también tocó un mínimo histórico, con un alza de solo 1,9%.
La escasez de divisas, con un dólar paralelo 60% por encima del oficial, eleva los costos de construcción entre 35% y 40%, dado que el 60%-70% de los insumos son importados. Esto, sumado a demoras en importaciones y comisiones bancarias, ha provocado retrasos y rescisiones de contratos, especialmente en obras públicas.
El desabastecimiento de diésel agrava la situación, paralizando maquinaria y servicios. “Sin condiciones normales, más obras se detendrán”, advierte la Cámara, que reporta deudas públicas impagas de hasta un año, incluso por proyectos concluidos.
Se reduce de 10% a 5% el GA y el ICE de 5 a 3% a la importación de vehículos auto recargables (HEV), asimismo, se establecen mecanismos de control a la importación de vehículos con tecnología Flex Fuel manteniendo el 0% del GA y del ICE
El Gobierno Nacional modificó en esta jornada el Decreto Supremo N° 5142, de 10 de abril de 2024, con el objetivo de establecer mecanismos de control en la importación de vehículos con tecnología Flex Fuel, para que cumplan con la tecnología requerida y beneficiarse con incentivos tributarios.
La medida está destinada a corregir las malas prácticas detectadas en la importación de, al menos, 261 vehículos declarados con tecnología Flex Fuel, los que ingresaron al país con un kit de conversión, sin aportar a una reducción real del consumo de gasolina, explicó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en una rueda de prensa ofrecida en la Casa Grande del Pueblo.
Asimismo, con el fin de impulsar la política de electromovilidad, la norma modifica el tratamiento tributario para los vehículos híbridos auto recargables, determinando una reducción del Gravamen Arancelario (GA) del 10% al 5%, y con relación al Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), este disminuye del 5% al 3%.
El Decreto Supremo N° 5142, del 10 de abril de 2024, ofrece incentivos tributarios —reducción del Gravamen Arancelario (GA) y del Impuesto a los Consumos Específicos— (ICE) a la importación de vehículos con tecnología Flex Fuel y Vehículos Híbridos Enchufables (PHVE).
Para la importación de los vehículos HEV se reduce el ICE de 5% a 3% y el GA de 10% a 5%, mientras los Flex Fuel mantienen el GA del 0%, así como el ICE del 0%, incentivos que estarán vigentes hasta el 14 de julio de 2026.
En términos operativos, la norma establece que el Viceministerio de Transportes, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, será el encargado de emitir las Autorizaciones Previas para la importación, las cuales serán obligatorias para el despacho aduanero de los vehículos, con criterios definidos en nuevos anexos técnicos que clasifican las tecnologías: Flex Fuel, PHEV, HEV y MHEV.
La norma también actualiza los requisitos técnicos y documentales exigidos a los vehículos con tecnología Flex Fuel, PHEV, HEV y MHEV, incluyendo pruebas de laboratorio, certificados de emisiones y detalles sobre software, sensores y sistemas de diagnóstico a bordo.
El decreto dispone que, a partir del quinto día hábil posterior a su publicación, las nuevas alícuotas se aplicarán de forma diferenciada, según tipo y antigüedad del vehículo.
Esta política sumada a las medidas aplicadas a los vehículos eléctricos coadyuva en la reducción de los costos para el Estado por efecto de la subvención destinada a los combustibles fósiles (gasolina y diésel), permitiendo impulsar y fortalecer la renovación de la matriz energética en el país más amigable con el medio ambiente.
FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
“Esta reacción demuestra que el incremento previo tenía un componente especulativo que fue desactivado”, explicó el ministro de Economía, quien reiteró que YPFB no compró ni una sola criptodivisa.
La cotización del USDT (Tether) o criptodivisa, utilizado como referencia no oficial del tipo de cambio en el mercado paralelo, bajó de Bs17,42 a Bs16,60, tras la decisión del Gobierno Nacional de prohibir a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realizar operaciones con criptoactivos. En un punto de la noche del viernes, el valor descendió hasta Bs13,40, informó este domingo el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.
El uso del USDT como indicador no oficial del tipo de cambio se extendió en un contexto de escasez coyuntural de divisas en el sistema financiero, debido a la negativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar nuevos créditos. “Tenemos allí más de $us1.800 millones secuestrados por un cálculo político”, denunció el encargado de las finanzas del país.
Ante la falta de dólares físicos, plataformas digitales que operan con criptoactivos comenzaron a ser empleadas como alternativa para transacciones e intercambio, y su cotización se trasladó al mercado paralelo.
El ministro explicó que algunos operadores de criptoactivos elevaron artificialmente el valor del USDT, generando la percepción de que el tipo de cambio real se acercaba a Bs20 por dólar. “Esta medida elimina cualquier argumento que vincule al Gobierno o a las empresas públicas con presiones sobre el tipo de cambio informal”, remarcó.
Durante la conferencia de prensa, Montenegro mostró una gráfica que ilustra el comportamiento del USDT antes y después del anuncio oficial. “Casi a las once de la noche estaba en Bs13,40 y luego, cerca de las dos de la mañana, subió a Bs16,60”, precisó. Explicó que esta evolución refleja cómo el anuncio gubernamental logró cortar un proceso especulativo acelerado. “De Bs17,42 bajó a Bs16,60. Eso muestra que hay impacto cuando se aclara y se actúa con firmeza”.
El gráfico muestra que el valor del USDT registró un alza sostenida entre el 18 y el 23 de mayo, hasta alcanzar su punto más alto de Bs17,98. Tras el anuncio presidencial, la cotización cayó bruscamente, con una baja acumulada de Bs4,48 en menos de 24 horas.
Asimismo, el ministro desmintió que YPFB haya realizado compras en el mercado de criptoactivos y aclaró que la prohibición de estas operaciones a la estatal petrolera busca cortar cualquier argumento que vincule a empresas públicas con presiones sobre el tipo de cambio informal. “YPFB no ha comprado ni un solo USDT. Se había generado una narrativa falsa que atribuía a esa empresa una participación en plataformas digitales. Eso ha quedado completamente descartado”, afirmó.
“YPFB —explicó— requiere entre $us40 y $us50 millones semanales para su funcionamiento. Las plataformas donde se transa USDT no superan, en el mejor de los casos, los $us6 o $us7 millones semanales. Por tanto, es técnica y operativamente inviable que esa empresa opere a través de esos canales”, remarcó.
El ministro de Economía recordó que esta acción se enmarca en un conjunto de medidas orientadas a reforzar la disponibilidad de divisas y reducir la especulación, entre ellas el incremento del límite para internación de efectivo de $us10.000 a $us50.000 y la ampliación del umbral del programa de ahorro.
Además, reiteró que las políticas aplicadas se basan en criterios técnicos y buscan preservar la estabilidad cambiaria y proteger el poder adquisitivo de la población.
FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIÁ Y FINANZAS PÚBLICAS
