Expertos y ejecutivos de empresas del sector agroproductor advierten que Bolivia enfrenta restricciones financieras, inseguridad jurídica y trabas al comercio, mientras proyectan duplicar superficie cultivable y diversificar exportaciones si se implementan medidas estructurales.
Los ejecutivos coincidieron que Bolivia necesita reformas urgentes en materia fiscal, legal, cambiaria y de política energética para atraer inversión y dar certidumbre al productor.
“Las empresas que se dedican a la agricultura en el país buscan un nuevo rumbo para sostener su crecimiento”. Con esta premisa se dio paso al “Primer Panel con expertos: Agronegocios”, realizado por ActualiSAP en el marco del evento Momentum: Líderes Inspirando Líderes, donde participaron referentes del sector.
Durante el conversatorio se remarcó que Bolivia tiene el potencial de convertirse en un país – actor relevante en el mercado regional de granos, pero necesita reformas urgentes en materia fiscal, legal, cambiaria y de política energética para atraer inversión y dar certidumbre al productor.
Desde una perspectiva macroeconómica, Fernando Marengo, economista internacional, explicó que, a nivel global, los precios de los commodities alimentarios permanecen estables por mejoras en productividad y menor demanda calórica en países desarrollados. En este escenario, Bolivia debe aprovechar su acceso a dólares y su base agrícola diversificada.
Advirtió que el sector agrícola boliviano se ha vuelto “forzosamente financiero y obligado a tomar decisiones por la disponibilidad de divisas y no por criterios de eficiencia productiva, lo cual distorsiona su desempeño real”
Por su parte, Carlos Kempff, presidente de Executive Forum Bolivia, enfatizó que el país necesita reformar el régimen de propiedad de tierras y el sistema tributario si quiere captar capital privado. Señaló que, por ejemplo, el Impuesto a las Transaciones (IT) sumado a la amenaza de reversiones y restricciones a la biotecnología, frenan la competitividad del agro nacional frente a países vecinos como Brasil y Paraguay. Aun así, ve oportunidades para duplicar la superficie cultivable en Santa Cruz y expandir la producción en Beni.
Javier Paz, gerente general de Agropartners, hizo énfasis en la inseguridad jurídica como principal barrera del agricultor. “La incertidumbre sobre la propiedad de tierras y la falta de combustible afectan directamente la planificación productiva”, acotó.
Paz propuso eliminar la cláusula de función económico-social, sancionar los avasallamientos e impulsar la liberalización de combustibles como medidas urgentes y sin costo fiscal.
Por su parte, Javier Urey, gerente de Mainter, destacó que el crecimiento del agro no debe verse como sinónimo de deforestación, sino como una mejora en eficiencia, productividad y biotecnología. Remarcó que el sector genera un fuerte efecto multiplicador sobre la economía, pasando desde logística hasta exportaciones, y que es uno de los pocos capaces de absorber mano de obra de manera sostenida.
Mencionó casos como la Chiquitania, donde se ha probado alta productividad por hectárea sin necesidad de expansión extensiva.
Los panelistas coincidieron en que los próximos 18 meses serán determinantes, con un entorno electoral que incrementa la incertidumbre. Kempff advirtió que se necesitarán al menos $us 1.000 millones en financiamiento para la próxima campaña de soya, tomando en cuenta que la banca cuenta con liquidez limitada. Mientras tanto, las empresas del rubro adoptan estrategias de vigilancia diaria de precios, gestión inmediata de divisas y planificación anticipada de insumos para evitar interrupciones.
El panel concluyó que “sin consensos políticos para estabilizar la macroeconomía, liberar el comercio y garantizar la seguridad jurídica, el potencial agroexportador de Bolivia quedará truncado”. Sin embargo, con una visión optimista: con reformas adecuadas, el país podría duplicar su superficie cultivable, escalar su presencia en mercados internacionales y consolidarse como potencia agrícola diversificada en Sudamérica.
FUENTE: ECONOMY
